Tras la valoración de los datos recopilados e incluidos en la Memoria del Defensor del Profesor del curso 2018/2019 desde ANPE Extremadura hemos realizado una serie de propuestas a la Consejería de Educación para la mejora de la convivencia en los centros educativos de nuestra comunidad:
1) El desarrollo normativo en Extremadura de una Ley específica de Autoridad del profesorado que dé cobertura y respaldo jurídico al docente como ya existe en otras comunidades y a su vez dignifique la profesión.
2) Reactivación del Observatorio Regional de la Convivencia Escolar incidiendo en la necesidad de reuniones periódicas de una comisión permanente que analice y evalúe en tiempo real la convivencia en centros para actualizar los distintos planes de actuación en relación con las alteraciones de la convivencia escolar, tanto entre alumnos como en relación por acoso escolar en los centros educativos.
3) Asistencia jurídica al profesorado en todos los casos susceptibles de ello, en relación con los hechos que deriven de su ejercicio profesional.
4) Asistencia psicológica gratuita a los docentes y reconocimiento de la ansiedad, la depresión y el estrés como enfermedades profesionales siempre que se deriven del desarrollo de sus funciones.
5) Un plan específico de formación del profesorado para la prevención y detección de conflictos relacionados con la convivencia escolar y, especialmente, sobre el buen uso de las nuevas tecnologías.
6) Regulación del uso del móvil en centros escolares tanto como medida de protección del alumnado como la de los docentes que contemple la prohibición del mismo en caso reiterado de mala praxis.
7) Actualización, revisión e inclusión del mal uso de las redes sociales en los Reglamentos de Régimen Interior de los Centros Educativos, así como adaptar la condición de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones las medidas sancionadoras ante actuaciones contrarias hacia el profesorado, lo que conllevaría además de un endurecimiento de la sanción, la dignificación y relevancia social de la docencia y por tanto de sus trabajadores.
8) Agilizar los trámites para la adopción de las medidas sancionadoras que se pudieran adoptar especialmente en los casos de cambio de centro de los agresores cuando así se considere como protección a la víctima, sea entre iguales o entre discentes y docentes.
9) Formación específica destinada a alumnos y familias sobre el uso adecuado de las nuevas tecnologías y redes sociales, resaltando la figura del Educador/a social en los casos de asesoramiento a alumnos sancionados por este tipo de actuaciones en colaboración con las familias.
10) Por último, destacamos la relevancia y necesidad de la presencia de profesionales (orientadores, educadores sociales) en los centros de Primaria y Secundaria para mejorar significativamente la convivencia en los centros escolares. La mediación es una herramienta de prevención de la violencia en las aulas, se lleva a cabo a través de un profesional, específicamente formado para ello, y los agentes involucrados en el problema.
